Lunes, 26 2020 Octubre

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Correa al banquillo de los acusados

Jun 26, 2018

Quienes ejercen la política como “profesión” tienen entre sus principios, tomarse la política y actuar con justicia solo cuando la intervención judicial les afecta a ellos, a los profesionales de la política. El martes, el fiscal general Paúl Pérez declaró que en las últimas semanas ha encontrado elementos de convicción suficientes para vincular al expresidente Rafael Correa con el secuestro de Fernando Balda.


La petición para iniciar un proceso judicial al máximo gobernante de la última década debería recibirse dentro de la más estricta normalidad democrática. Todavía nadie ha dictaminado culpabilidad o inocencia.
De ahí, que sorprende, que ante el pedido de la jueza Daniela Camacho que solicitó la autorización del Legislativo para vincular al expresidente Rafael Correa a un proceso penal por el secuestro del exasambleísta de oposición Fernando Balda, en primera instancia los asambleísta realizaron una maniobra política que dejó en suspenso la decisión, tratando de boicotear el juicio al expresidente.
Es un caso de trascendencia especial por el personaje y por lo que supone. Pero en vez de fomentar la prudencia ha levantado una polvareda política que deja de lado los argumentos legales y judiciales para volcarse en el mitin y el proselitismo.
En la pelea política valen poco los razonamientos, nadie discute sobre las pruebas o los indicios. Ni siquiera se atiende a la rigurosidad de las investigaciones necesitadas de otros tiempos, otro rigor, otro temple.
El alboroto entre correístas y los demás tampoco debe sorprender. Más en un país que ha visto cómo cinco de sus presidentes en los últimos 21 años han tenido problemas judiciales que solventaron con cárcel, unos, y dándose a la fuga, los otros. Siendo realistas podríamos decir que esto, la vinculación de Correa, es también una muestra de normalidad.
De ahí que la aprobación con 83 votos de asambleístas a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, declarando improcedente la petición de la fiscal es la correcta, pues no les compete autorizar el enjuiciamiento a un expresidente; según el artículo 120 de la Constitución, numeral 10, indica que una de las atribuciones de la Asamblea es autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente o vicepresidente de la República.
Sin embargo, legisladores afines a Correa lideraron una manifestación con simpatizantes del exmandatario y pretendían llegar al recinto legislativo para exigir que la Asamblea acepte debatir sobre la pertinencia de la vinculación de Correa al caso Balda, pues consideraban que aún el expresidente goza de fuero de corte. Hubo enfrentamiento con la policía que había tomado previsiones para evitar desmanes, es decir, como dirían en la esquina del barrio recibieron algo de su propia medicina.
La Asamblea ha actuado apegada a lo establecido en la Constitución, más allá de motivaciones partidistas o personales. No habiendo impedimento legal, y siguiendo el debido proceso, el exmandatario deberá responder ante la justicia ordinaria y ser juzgado.
 

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Yaco Martínez

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